22 de enero de 2010

"Todos saben que vos sos un caradura" o "De la sistemática violación de las máximas del Escriba"




Clarín: "En primer lugar que, "sus accionistas privados, los diarios Clarín y La Nación, adquirieron la mayoría accionaria de Papel Prensa no "un mes antes" de asumir el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín sino siete años antes, en noviembre de 1976, conforme los registros obrantes en la sociedad"."

Lanata: "En los ochenta Papel Prensa recorrió dos curiosos vericuetos judiciales: Durante la quiebra del diario La Razón la empresa papelera pasó a ser el único activo valioso del grupo. El juez Héctor Foiguel López decidió venderle a Clarín el porcentaje de La Razón. La Cámara de Apelaciones acusó al juez de haber celebrado la venta a “precio vil” y pidió el juicio político al juez de la quiebra. El caso llegó a la Corte, que mantuvo un criterio similar al del tribunal de alzada, llamando a Foiguel López “magistrado indigno” y expresando su “convicción inequívoca de una conducta grave”."

Clarín: "Por otro lado, continuó el documento "se ha hablado de un supuesto 'precio vil', sería importante destacar en este punto: 1) que jamás esta empresa ha tenido conocimiento de reclamo alguno de los vendedores"

Lanata: "El traspaso a los tres diarios se firmó el 18 de enero de 1977. Después de ceder las acciones los miembros del Grupo Graiver fueron detenidos e intervenidos en todos sus bienes para evitar que algún reclamo de heredederos afectara la tenencia de Clarín y sus socios. El general Camps, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, efectuó personalmente las detenciones."

Clarín: "(...) 2) que para poner en funcionamiento la fábrica por parte de los actuales accionistas se requirió una inversión de más de 200 millones de dólares"."

Lanata: "Gracias a gestiones de la dictadura, los diarios lograron dos créditos: del Banco Español del Río de la Plata y del Banco Holandés Unido sucursal Ginebra, por 7.200.000 dólares, a sola firma y sin avales. Años más tarde, ante el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, Magnetto declaró que el préstamo tuvo un aval de una papelera internacional, pero se negó a ratificarlo por escrito a pedido del fiscal."

Clarín: "De acuerdo con la posición de Papel Prensa, "más inexplicable aún resulta la mención presidencial a una supuesta intervención del Ministerio de Economía del gobierno del Dr. Alfonsín en el proceso de adquisición de las acciones por sus actuales socios privados. Como se dijo, dicha operación se había concretado siete años antes (...) La única resolución de dicho ministerio vinculada a Papel Prensa corresponde al año 1985 y justamente no se refiere a los accionistas privados sino a la obligación del Estado de retirarse de la empresa a partir del segundo año de su puesta en marcha, o sea 1980, tal como lo establecen diversas normativas aplicables", continuó.

Verbitsky: "Cuando se extinguía la dictadura, en noviembre de 1983, Papel Prensa pidió a la Secretaría de Industria que estableciera el procedimiento para el rescate de esas acciones, y el ministro de Economía Jorge Wehbe firmó la resolución 1359/83. Allí estableció que se entendería por valor de mercado el promedio ponderado de precio de las acciones ordinarias de la empresa cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 15 y 45 días antes de la Asamblea General ordinaria de la sociedad. Para tener una idea del precio vil que eso implicaba, la última negociación de Papel Prensa en la Bolsa se produjo el 6 de diciembre de 2007, a 0,022 pesos por acción. Ese día se negociaron 60 mil acciones, por 1.320 pesos. En abril de 1985, en cuanto asumió el ministerio de Economía, Juan Vital Sourrouille dejó sin efecto la decisión de Wehbe, y fijó un precio real para esas acciones. Su resolución 321/85 adujo que las acciones que se negociaban en la Bolsa eran un volumen ínfimo de capital y eran de clase diferente a las que poseía el Estado. Ese mismo año, Papel Prensa presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría de Industria contra la resolución de Sourrouille. Sostuvo que el Estado sólo había tenido una participación financiera en Papel Prensa como parte de una política de promoción industrial del sector celulósico papelero, considerado de interés público. Esa subvención “condicional destinada al enriquecimiento del subvencionado” se concretó en un contrato, que obliga a ambas partes y constituye un derecho civil que no puede ser anulado por un acto unilateral de autoridad, agregó con una cita del tratado de Derecho Administrativo de José Roberto Dromi. Casi un cuarto de siglo después ese recurso jerárquico, presentado por Papel Prensa en setiembre de 1985, no se resolvió y el expediente administrativo desapareció dos veces del ministerio de Economía, que debió reconstruirlo. El artículo 9 del balance firmando en junio de este año, sostuvo que no se pagan utilidades porque aún “no se tiene conocimiento sobre la resolución del tema”."


Fuente 1
Fuente 2
Fuente 3